Los Investigados

Bogotá, 16 de enero de 2006. La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar con el fin de establecer las posibles irregularidades en la contratación de las ARS y EPS Solsalud, en las que podría estar implicado el Senador de la República Luis Alberto Gil Castillo.

De acuerdo con las denuncias, el Congresista habría ofrecido a los alcaldes de Santander, Atlántico y otros departamentos diez mil pesos por cada afiliado a estas entidades de salud, de las cuales él sería socio.

El Jefe del Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas que permitan establecer la existencia y representación legal de las ARS y EPS Solsalud e identificar a los socios de las mismas con el fin de determinar la participación del citado congresista dentro de esta organización.

Igualmente, pidió establecer el número de contratos suscritos con las alcaldías o entes territoriales del departamento de Santander para la administración del régimen subsidiado desde el año 2004.

Para la práctica de estas pruebas y de las que surjan en desarrollo de esta indagación fue comisionado el Procurador Regional de Santander.

El pliego de cargos cobija al entonces alcalde del Distrito de Barranquilla, Humberto de Jesús Caiaffa Rivas; a los secretarios de Hacienda Francisco Aguilar Cadavid y Ciro Avila Velandia; a los concejales Ernesto Gómez Guarin, Eduardo Enrique Pulgar Daza, Alejandro Munárriz Salcedo y Miller Soto Solano, así como a otros diez funcionarios de la Personería, de la Alcaldía y del Concejo Distrital, servidores de esas entidades en la época de los hechos.

La determinación disciplinaria fue adoptada por hechos ocurridos en octubre de 2002, cuando mediante el ejercicio de acciones de tutela, el abogado Javier Antonio Montealegre Ortíz, invocando la representación de 156 personas quienes aparentemente habían laborado en el Concejo y en la Personería, se hizo cancelar la suma anotada.

Considera la Procuraduría que los disciplinados habrían incurrido, unos en irregularidades por omisión y otros por acción, al defraudar al fisco distrital, reclamando salarios dejados de cancelar a los tutelantes, supuestos servidores públicos.

Se recolectaron 96 pruebas testimoniales y documentales que permiten a la Procuraduria señalar que “los demandantes mediante tutela en su gran mayoría, no fueron empleados del Concejo ni de la Personería”. Además muchos de ellos no reunían los requisitos para ocupar los cargos que les habrían asignado.

Vale la pena citar uno de los casos, en el que la supuesta empleada reconoció “que pecó por ignorante, que no le dieron un peso, que se metió en un lío por dar su hoja de vida, que a ella le llegó por correo un papel en que le indicaban lo que tenía que responder”, refiriéndose a las autoridades judiciales.

Otro grupo de declarantes, supuestamente vinculado al Concejo, después de haber manifestado ante la Procuraduría que nunca laboraron en el cabildo Municipal, a instancia de algunos de los disciplinados, acudieron a un notario para retractarse de lo dicho al Ministerio Público.

Para la Procuraduría General de la Nación, en este hecho los implicados que intervinieron directamente en la tutela, en su afán por apoderarse de la millonaria suma, y con el fin de engañar a los jueces de tutela, habrían incurrido en varios delitos, tales como falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, uso de documento falso, peculado por apropiación y fraude procesal. (Art. 48 Num 1. CUD)

A los otros servidores implicados se les cuestiona no haber adoptado las medidas necesarias para verificar antes del pago, la veracidad de las pretensiones de los tutelantes.

Por estos delitos, la Fiscalía General de la Nación adelanta la correspondiente investigación.

Bogotá, viernes 23 de diciembre de 2005. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la señora Gladys Rojas Ortiz, en su condición de Contralora del departamento de Nariño por posibles irregularidades relacionadas con la expedición de tres actos administrativos.

Durante su gestión como contralora del citado departamento, la señora Rojas Ortiz habría encargado de las funciones de Profesional Universitario a una funcionaria que no cumplía con los requisitos exigidos para ocupar ese cargo, de acuerdo con lo estipulado en el manual de funciones y requisitos para los empleos de la Contraloría de Nariño.

Igual situación se habría presentado con la expedición de dos resoluciones más el 1ro de abril de ese mismo año a través de las cuales se nombró en provisionalidad a dos funcionarios para ocupar los cargos de Jefe de Grupo Talento Humano y Recursos Físicos y profesional Universitario, sin tener en cuenta los perfiles profesionales y los requisitos establecidos para dichos cargos.Señala la Procuraduría que la señora podía efectuar nombramientos en encargo o en provisionalidad para proveer empleos de carrera, pero sin desconocer los requisitos establecidos para el desempeño de cada uno de los cargos, como al parecer ocurrió en este caso.